sábado, 22 de noviembre de 2008

Los diputados de la Coalición Cívica insistirán con la ley de glaciares

El bloque de diputados de la Coalición Cívica insistirá mañana con la aprobación de la ley para la protección de glaciares y ambiente periglacial, que fue vetada la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el debate que se reiniciará mañana en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, luego del veto presidencial, los diputados de la CC buscarán, junto con los otros bloques, lograr los 2/3 necesarios para aprobar nuevamente la ley 26.418, sancionada el año pasado por ambas Cámaras parlamentarias.

“El veto presidencial es una muestra más de la política minera de los Kirchner. El gobierno no sólo mantuvo los beneficios económicos e impositivos que tienen las multinacionales mineras, desde la década del 90. Con este veto, las habilita a continuar su actividad, a pesar de la contaminación del agua que están provocando para las generaciones presentes y futuras. El Poder Ejecutivo soslayó la opinión de un premio Nóbel, como el director del IANIGLA y de los legisladores”, sostuvo la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, integrante de la Comisión de Minería.

Al respecto, la diputada de la CC Susana García, integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, sostuvo: “El año pasado, desde el ARI, presentamos el proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que tiene como objeto inventariar y proteger los glaciares y el ambiente periglacial, es decir, cuidar el agua de todos los argentinos. Por lo tanto, ahora, desde el bloque de la Coalición Cívica, insistiremos con la redacción aprobada por el Congreso.”

La integrante de la Mesa Nacional de Minería de la CC, Claudia Rosas, denunció: “Este veto es producto de largas conversaciones entre las mineras y funcionarios del gobierno nacional. Los funcionarios fueron incentivados por las mineras a que intercedieran en favor de este veto. El argumento utilizado es que, de implementarse la ley de protección de glaciares, se podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas. Los habitantes de las provincias cordilleranas no podemos dejar pasar este atropello”.

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