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Etchecoin propone una ley anticajoneo

El proyecto de Ley de la diputada Maricel Etchecoin (CC) crea la figura de la acción por omisión reglamentaria para demandar al Estado cuando no regule una norma sancionada por el órgano legislativo.

Según el texto “será igualmente procedente la acción de amparo contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial y los Departamentos Ejecutivos Municipales en reglamentar las leyes y ordenanzas dentro de los plazos que éstas determinasen”.

El texto prevee que “la acción podrá intentarse en cualquier tiempo posterior al vencimiento del plazo establecido por la misma ley u ordenanza para su reglamentación.

Si la ley u ordenanza no fijara plazos para su reglamentación, la acción podrá iniciarse en cualquier tiempo, transcurridos seis (6) meses a contar desde la fecha de promulgación de la ley u ordenanza.”

De existir esta ley podrían haberse evitado casos como el de la nueva Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires Nº 13.927. Su reglamentación ha quedado en manos del Poder Ejecutivo provincial, contando éste con un plazo de sesenta días para hacerlo. El plazo ha vencido 27 de marzo de este año.

Otra ley que no ha sido reglamentada y de suma importancia es la ley 13.356 sobre beneficios para los habitantes de la provincia de Buenos Aires que padezcan Esclerosis Múltiple. Según Etchecoin “la falta de operatividad de este régimen genera nefastas consecuencias”.

“Estás son ejemplos de entre otras muchas leyes no reglamentadas: La ley 10499 y su posterior reforma 12631, relacionadas con la enfermedad celiaca. La ley 13.447, estableciendo que la actividad prestada como voluntariado social o la ley 13868 relativo a la prohibición en la provincia de Buenos aires, el uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional, utilizadas y entregadas por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general” concluyó la diputada de la Coalición Cívica.

Por un proyecto nacional

Roció Sanchez Andía y Hernán Reyes son candidatos a diputados de La Ciudad de Buenos Aires por el Acuerdo Cívico y Social.

Fernanda Reyes y Adrián Pérez citaron a Boudou

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Adrián Pérez y Fernanda Reyes (de Jóvenes por la Igualdad) pidieron la citación del titular de la ANSES, Amado Boudou, para que explique ante la Comisión de Previsión y Seguridad Social por qué no se constituyó el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, dispuesto por ley, hace cinco meses, para el control de los fondos que maneja el organismo.

“La ANSES tiene un superávit de alrededor de 103 mil millones de pesos, que está utilizando para financiar planes de crédito, obra pública y para atender las necesidades de financiamiento del gobierno. El 80 por ciento de esos recursos provinieron del traspaso de los fondos de las AFJP. A pesar de lo dispuesto por la ley, la ANSES nunca puso en funcionamiento los organismos y las instancias para el control de esa masa de dinero. Queremos preguntarle a Boudou cuál es el motivo de la inacción o la desidia”, explicó Reyes, que integra la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja.

Frente a un pedido de informes de Reyes, la ANSES respondió: “Se cursaron sendas notas de estilo a las entidades individualizadas, recibiéndose a la fecha respuestas parciales de la CGT, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la UIA”.

Asimismo, el titular de la bancada, Adrián Pérez, recordó: “Los diputados de la Coalición Cívica advertimos, en noviembre pasado, cuando se debatió el traspaso del dinero de las AFJP, que los fondos de las ANSES iban a ser utilizados para saldar las necesidades de caja y financiamiento del gobierno en un año electoral, por eso votamos en contra del proyecto. El tiempo y la utilización sin control que se está haciendo de los fondos de los jubilados y los trabajadores, nos están dando la razón”.

Proyecto de ingreso universal para jubilados

Jóvenes por la Igualdad respalda las declaraciones de Alfonso Prat Gay

La agrupación Jóvenes por la Igualdad (JxI), integrante y fundadora del Partido ARI, manifiesta su enérgico respaldo a las declaraciones de Alfonso Prat-Gay respecto de su posicionamiento en apoyo del trabajo y el esfuerzo de los feriantes de La Salada, frente a las críticas publicadas en el día de hoy a través de solicitadas en los principales matutinos, impulsadas por una cámara empresarial afín al Gobierno Nacional.

Las afirmaciones de Prat-Gay, futuro candidato a Diputado Nacional por la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires, ponen a la luz que la verdadera existencia de ese tipo de centros comerciales se motiva en las condiciones de expulsión que el mercado formal impone a cientos de miles de trabajadores, y a la desidia del Estado que, lejos de presentar voluntad política alguna de abordar esta problemática, sostiene la exclusión y no enfrenta a las verdaderas mafias que encabezan una cadena de comercialización, de la que las ferias resultan sólo el último y más débil eslabón.

A su vez, la posición de Prat-Gay es coincidente con la lucha que ha venido sosteniendo el miembro de Jóvenes por la Igualdad Facundo Di Filippo, diputado de la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires, quien desde el inicio de su gestión ha trabajado intensamente junto con los emprendedores de las distintas ferias de la Ciudad, con miras a su regularización y a su inserción en la economía formal, frente a las políticas de persecución y represión impulsadas por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, y ejecutadas por la Policía Federal que comanda el Ministro de Justicia de la Nación Aníbal Fernández.

La posición de quienes cuestionan a La Salada en defensa de sus propios intereses económicos es sumamente hipócrita. Prat Gay trabaja en defensa de los microemprendedores, de los excluidos del mercado formal. Quienes cuestionan a los feriantes esconden que lo que en realidad buscan es proteger a los grandes comercializadores, forzando a permanecer bajo la explotación de éstos a quienes pretenden construir alternativas laborales dignas, surgidas de su propio esfuerzo.

Las comprensibles preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas respecto de su situación en el contexto de la crisis económica actual no se resuelven atacando a los microemprendedores, ya que ambos son claras víctimas de un mercado que favorece solo a las grandes empresas, en un marco de total ausencia de políticas públicas de protección de estos sectores.

El Sr. Cornide, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en vez de fustigar a los dirigentes políticos que están a favor de un cambio real en nuestra Nación, debería explicarle a toda la sociedad el motivo de su explicito apoyo a las Juntas Militares tal cuál sus manifestaciones del 25 de Marzo de 1977 en el Diario La Prensa donde expresara "al cumplirse el primer aniversario de la asunción del Gobierno, por las Fuerzas Armadas, acontecimiento que concluyó con un régimen que conducía inexorablemente al país al caos y la disgregación, consideramos un deber expresar a ustedes y por su intermedio a vuestras respectivas instituciones nuestro agradecimiento y el de nuestras entidades por la patriótica decisión tomada". Del mismo modo, debería explicarle a todos los argentinos como fue que durante la década del 90 apoyaba las políticas económicas del gobierno menemista que prácticamente hicieron desparecer a las pequeñas y medianas empresas, entidades que dice representar desde la CAME.

Desde este espacio político, le solicitamos humildemente al Sr. Cornide que se dedique a denunciar por medio de solicitadas y con el mismo ímpetu a los verdaderos contrabandistas y evasores de nuestro país y a luchar contra las verdaderas causas de la exclusión social.

El gobierno coparticipó el problema del campo

"Con el anuncio de la presidenta de que con los fondos obtenidos de los derechos de exportación aplicados a la soja, se crearía un fondo federal solidario para ser coparticipado con las provincias y con los municipios, lo que realiza este gobierno es coparticipar lo que constituye el principal problema del campo" expresó la diputada de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin Moro.

"Coparticipar las retenciones no les quita su carácter de impuesto distorsivo que desalienta la producción, y que al aplicarse sobre las ventas brutas, no tiene en cuenta los márgenes reales de ganancia y rentabilidad de cada productor", manifestó la diputada de la CC.

Al tiempo que aclaró que "resulta evidente que el objetivo de esta medida es enfrentar a los gobernadores e intendentes con el campo. Al gobierno ya no le es suficiente desoír los reclamos que este sector efectúa: ahora también pretende sumar aliados en su contra".

"Como oposición seguiremos trabajando en un proyecto en común que incluya a todos los sectores y que evite enfrentamientos entre argentinos. Esto es lo que necesita el interior, esto es lo que necesita el campo", concluyó la diputada miembro de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara Baja.